
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado por primera vez el mecanismo que obliga a las almazaras a retirar del mercado el 12 % de su producción de aceite de oliva durante la campaña 2026/2027. La resolución, publicada en el BOE, afecta a todas las categorías y supone inmovilizar unas 188.000 toneladas.
La medida no implica destruir el aceite: cada instalación debe conservarlo en depósitos propios o ajenos y acreditarlo ante la autoridad competente. El objetivo declarado es ordenar la oferta y estabilizar el mercado ante una cosecha abundante, para evitar que los precios en origen se hundan y comprometan la rentabilidad de los olivicultores.
¿Qué obliga a hacer Agricultura a cada almazara?

La obligación se aplica sobre la producción mensual acumulada desde noviembre, por lo que la producción de octubre queda fuera. Cada almazara deberá mantener existencias equivalentes al 12 % de lo que declare cada mes y podrá elegir qué categoría de aceite retira: virgen extra, virgen o lampante.
El Ministerio activa el mecanismo porque la producción estimada y las existencias iniciales suman 1.959.636 toneladas, por encima del 120 % de la media de las seis campañas anteriores. La cosecha se estima en 1.602.596 toneladas, la cuarta mayor del registro histórico, y las existencias de enlace en 357.040 toneladas, un 23,3 % más que en la campaña previa.
El volumen debe permanecer identificado y disponible para control, en instalaciones propias o de terceros. Las almazaras comunican su producción y existencias finales a través del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), según lo previsto en el real decreto que regula esos datos.
El Ministerio cifra la retirada en unas 188.000 toneladas, aunque el volumen final dependerá de las declaraciones mensuales. No se contempla ninguna compensación pública por el almacenamiento, un coste que asumen las almazaras.
Precios del aceite de oliva y división del sector

La decisión llega con el aceite de oliva virgen extra en torno a 3 euros por kilo en origen, muy lejos de los cerca de 5 euros que se pagaban un año antes. Las organizaciones agrarias sostienen que ese nivel no cubre los costes de muchas explotaciones y que la retirada permitirá aliviar la presión sobre los precios.
Las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias habían reclamado la activación. El ministro Luis Planas ha defendido que la medida sirve para ordenar el mercado y es «una garantía para la retribución de los olivicultores», además de dar estabilidad a los consumidores.
La industria envasadora no comparte el enfoque. Anierac ha anunciado que recurrirá la norma porque considera que altera la ley de la oferta y la demanda y no corrige los problemas de fondo. Para los consumidores, Facua considera «escandaloso» que se intervenga para frenar las bajadas y teme que el abaratamiento en origen no llegue al supermercado.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió de que restringir la oferta puede encarecer el producto y reducir variedad y calidad, por lo que pidió cuantificar los efectos y limitar la retirada a una sobreoferta realmente extraordinaria.
¿Hasta cuándo y cómo se controla la retirada de aceite de oliva?

El aceite retirado deberá permanecer almacenado hasta el 30 de septiembre de 2027, salvo que una nueva resolución modifique el porcentaje. El Ministerio podrá revisarlo a partir del 31 de diciembre en función de la producción real y de la evolución de los precios.
El control se coordina desde el Ministerio y se ejecuta a través de las comunidades autónomas. Habrá inspecciones documentales y sobre el terreno, y los operadores deberán conservar albaranes, contratos, pesajes y cualquier documentación que acredite las existencias.
- Plazo: desde la producción declarada en noviembre hasta el 30 de septiembre de 2027.
- Porcentaje: 12 % de la producción mensual acumulada de cada almazara; puede reducirse, no aumentarse.
- Dónde: depósitos propios o de terceros, con trazabilidad y control administrativo.
- Declaración: a través del SIMO, con producción mensual y existencias finales.
Con la retirada ya en vigor, el sector afronta una campaña marcada por una producción estimada de 1.602.596 toneladas y unas existencias iniciales de 357.040 toneladas. La medida busca evitar que esa abundancia se traduzca en una caída abrupta de precios, aunque su efecto real dependerá de las declaraciones mensuales, de la cosecha final y de cómo traslade la cadena el ajuste al consumidor.










































