- Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada de su piso en Madrid tras 70 años de residencia y un contrato de renta antigua.
- La inmobiliaria Urbagestión le exigía un alquiler de 1.650 euros frente a los 500 que pagaba, mientras su pensión ronda los 1.400.
- Las protestas y cargas policiales marcaron el cuarto intento de desalojo, con la mujer evacuada en camilla al hospital.
- El Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento se cruzan acusaciones por la falta de una alternativa habitacional para la octogenaria.
La mañana de este miércoles quedará grabada en la memoria de los vecinos del barrio de Ibiza, en el distrito madrileño de Retiro. Maricarmen, una mujer de 87 años con movilidad reducida, fue sacada en camilla de su vivienda, situada en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, después de que la justicia ejecutara la orden de desahucio que pesaba sobre ella desde hacía meses. No fue un desalojo cualquiera: la octogenaria llevaba siete décadas viviendo en ese piso, desde que su padre firmara el contrato de alquiler en 1956, y su caso se ha convertido en el símbolo más reciente de la crisis de vivienda que azota a España.
El lanzamiento, que se había intentado en tres ocasiones anteriores sin éxito, se ejecutó al cuarto intento. La empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión (Urbagesa), había rechazado todas las vías de negociación, incluida la oferta de una donante anónima que se comprometía a cubrir la diferencia entre el alquiler que Maricarmen podía pagar y el que la inmobiliaria exigía. Tras horas de protestas, cargas policiales y una tensa espera, la anciana abandonó su casa rumbo al Hospital Gregorio Marañón, donde recibió atención médica. Su futuro residencial es incierto, aunque fuentes municipales aseguran que se le han ofrecido recursos que ella ha rechazado.
Un contrato de renta antigua con más de 70 años de historia
El origen del conflicto se remonta a 1956, cuando el padre de Maricarmen alquiló el piso bajo la legislación franquista, que garantizaba una fuerte protección al inquilino y permitía la subrogación familiar. Tras su muerte en 1960, su esposa continuó como arrendataria y, después de que esta falleciera en 2005, Maricarmen pasó a ocupar el contrato. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 limitó las subrogaciones a dos años salvo que el heredero tuviera una discapacidad superior al 65%, un requisito que la mujer, con una discapacidad reconocida del 50%, no cumplía.
A pesar de esa limitación, Maricarmen siguió viviendo en el inmueble durante más de una década, pagando puntualmente una renta que se actualizaba con el IPC y otros gastos como el IBI. En 2018, la propiedad del edificio cambió de manos y pasó a Urbagestión, una sociedad especializada en la compra de activos inmobiliarios con inquilinos. La empresa pretendió multiplicar el alquiler por cinco, pasando de los 500 euros mensuales a 1.650 o incluso 2.650 euros, una cifra inasumible para una pensionista que recibe alrededor de 1.400 euros al mes.
La batalla judicial y la decisión del Supremo
El caso llegó a los tribunales en 2020. Un juzgado de primera instancia dio la razón a Maricarmen en 2022, argumentando que los propietarios habían tolerado su permanencia durante años y habían aceptado las rentas, lo que impedía negar la relación contractual. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa sentencia y el Tribunal Supremo terminó fallando a favor de la inmobiliaria. Los magistrados consideraron que la subrogación no podía prolongarse de manera indefinida, a pesar de que la defensa esgrimiera la doctrina de los actos propios y la situación de vulnerabilidad de la anciana.
Con la sentencia firme, se fijaron sucesivos lanzamientos: el primero en octubre de 2025, suspendido por la solicitud de un informe de vulnerabilidad; el segundo en junio de 2026, aplazado por un defecto procesal; y el tercero también en junio, anulado a última hora. Durante este tiempo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó a España a adoptar medidas cautelares para evitar un daño irreparable, y el Ministerio de Vivienda intentó mediar con la empresa, incluso ofreciendo la compra del piso a través de Casa 47. Ninguna de esas iniciativas prosperó, y la empresa se mostró inflexible, rechazando incluso la oferta de una escritora desconocida que se ofreció a pagar la diferencia del alquiler para que Maricarmen pudiera quedarse.
El desalojo definitivo y las protestas
La cuarta fecha señalada fue la definitiva. Desde la noche anterior, más de 200 activistas y vecinos acamparon frente al portal para impedir el acceso. A primera hora de la mañana, un amplio dispositivo policial comenzó a desalojar a los manifestantes, tanto en la calle como en el interior del edificio. Las cargas policiales y el uso de gas pimienta fueron denunciados por el Sindicato de Inquilinas, que cifró en al menos 40 los identificados. La comisión judicial llegó sobre las 9:30 horas, y tras más de tres horas de tensión, Maricarmen fue evacuada en camilla, acompañada por sanitarios del Samur, mientras la multitud coreaba consignas como «Maricarmen se queda» o «Vergüenza».
La abogada de la anciana, Beatriz Duro, confirmó que la propiedad se negó a conceder un aplazamiento de quince días para que su clienta pudiera recoger sus pertenencias con calma. Duro calificó la actuación policial de «desproporcionada» y criticó que la empresa «no haya querido negociar ni aceptar ninguna propuesta». Tras el desalojo, el Ayuntamiento puso a disposición de Maricarmen una plaza residencial de emergencia, pero la mujer, según fuentes municipales, rechazó las opciones ofrecidas y finalmente se alojó con familiares. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas denunció que ninguna administración había ofrecido una alternativa habitacional adecuada, más allá de una residencia privada con un coste de 1.200 euros mensuales, «una barbaridad» para su pensión.
Reacciones políticas y cruce de acusaciones
El caso ha generado una fuerte polémica política. El Ministerio de Vivienda urgió al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir, y respaldó el requerimiento de la ONU. La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, acusó a Urbagestión de «marear la perdiz» durante dos meses y de no aceptar la mediación. Mientras, fuentes municipales desmintieron al ministerio y aseguraron que los servicios sociales emitieron el informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 y que la mujer ha rechazado «expresamente» las plazas ofrecidas. El Sindicato de Inquilinas, por su parte, convocó una manifestación frente al ático del Gobierno de Ayuso, al que responsabiliza de políticas «rentistas». La portavoz del sindicato, Alicia del Río, señaló al Ejecutivo central y a la Comunidad por «usar a Maricarmen como arma arrojadiza» y exigió que se apruebe de una vez el Real Decreto de Vivienda.
La polémica también se extendió al ámbito cultural, con la presencia de actores como Carlos Bardem o Ana Belén en las protestas. La eurodiputada Irene Montero y el diputado Enrique Santiago también se sumaron a la concentración. El caso ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema de protección a los inquilinos vulnerables, especialmente en un contexto de escalada de precios del alquiler. En Madrid, el precio medio por metro cuadrado ha subido más de un 80% en la última década, según datos de portales inmobiliarios, y el Banco de España alerta de un déficit de construcción de vivienda que agrava el problema.
La crisis de la vivienda en España
El desahucio de Maricarmen no es un caso aislado. La falta de vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del país. Entre 2021 y 2025 se construyeron 750.000 viviendas menos de las necesarias, y solo en 2025 se formaron 240.000 hogares nuevos frente a 92.000 viviendas terminadas. Esta presión sobre la demanda explica en parte la subida imparable de los alquileres en las grandes ciudades. Los expertos discrepan sobre las soluciones: algunos abogan por aumentar la oferta, mientras otros reclaman medidas de control de precios y protección a los colectivos más vulnerables.
El Sindicato de Inquilinas defiende la necesidad de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que los contratos sean indefinidos, como en Inglaterra, y prohibir la compra especulativa de viviendas por parte de fondos de inversión. También reclama la reactivación de la moratoria antidesahucios para personas en situación de vulnerabilidad, una medida que caducó hace meses y que no ha sido renovada. Mientras tanto, casos como el de Maricarmen siguen repitiéndose, y cada desalojo se convierte en un recordatorio de que la política de vivienda en España aún tiene muchas asignaturas pendientes.
Maricarmen pasó la noche en el hospital y, según fuentes cercanas, ha preferido quedarse con unos familiares antes que aceptar un centro residencial. Su historia, sin embargo, no ha terminado: el Sindicato de Inquilinas ha prometido seguir su caso y ha anunciado movilizaciones para exigir responsabilidades. Lo ocurrido este miércoles ha trascendido lo personal para convertirse en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda, y ha puesto sobre la mesa preguntas incómodas para todas las administraciones. Mientras los políticos se culpan mutuamente, la pregunta que sobrevuela es simple: ¿cuántas Maricarmenes más tendrán que ser desalojadas antes de que se tomen medidas efectivas?
