- El Gobierno aprueba dos reales decretos de vivienda tras una negociación de última hora entre PSOE y Sumar.
- Se amplía la protección ante desahucios hasta 2030 y se prohíben las compras de fondos buitre hasta 2028.
- El alquiler de temporada y las habitaciones quedan regulados, con un IVA del 10% para los pisos turísticos.
- El Congreso votará los textos en un pleno extraordinario y la renovación automática de alquileres va en el segundo decreto.
El Gobierno ha sacado adelante dos reales decretos ley sobre vivienda después de una negociación que se ha alargado durante la noche y que ha obligado a retrasar una hora la reunión del Consejo de Ministros. El acuerdo entre PSOE y Sumar llega marcado por la presión social que siguió al desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, y por la necesidad de reunir apoyos suficientes en el Congreso para convalidar las normas.
El paquete aprobado combina medidas urgentes contra los desahucios, límites a la compra especulativa, cambios fiscales para pisos turísticos y bonificaciones para inquilinos y pequeños propietarios. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado la iniciativa como un acuerdo de gran relevancia social y político, aunque su continuidad dependerá de lo que ocurra en el pleno extraordinario previsto para el viernes.
Qué recoge el primer decreto
El primer texto se centra en frenar los lanzamientos y contener la especulación. Su medida más destacada es la ampliación del llamado escudo social hasta el 31 de diciembre de 2030, de modo que las personas vulnerables tengan más garantías antes de perder su casa. Además, se identificará a los compradores de vivienda para impedir que los fondos buitre sigan adquiriendo inmuebles con fines especulativos hasta 2028.
La norma también regula el alquiler de temporada y por habitaciones para evitar que estas fórmulas se usen como vía de escape de las reglas del alquiler residencial. En este apartado se incluye un IVA del 10% para los pisos turísticos, una medida que busca corregir el fraude y ordenar un mercado que estaba exento de este tributo. La regulación incorpora una cláusula para comunidades autónomas con normativa propia, como Cataluña.
En materia fiscal, habrá bonificaciones para inquilinos y propietarios con rentas de hasta 33.000 euros, aplicadas de forma gradual. Las estimaciones que se han manejado durante la negociación apuntan a que alrededor de un millón y medio de hogares podrían beneficiarse. El objetivo es reducir el esfuerzo económico de las familias que viven de alquiler y facilitar que los arrendadores mantengan precios más asequibles.
El decreto incluye asimismo un IVA superreducido del 4% para la vivienda protegida y refuerza el programa Casa 47 para ampliar el parque público. También prevé préstamos con interés del 0% para ayudar a comprar la primera vivienda, una línea que cubriría hasta el 20% del valor del inmueble y un máximo de 50.000 euros, gestionada a través del Instituto de Crédito Oficial.
Otro de los puntos es la prórroga extraordinaria de dos años para contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Con esta medida se pretende dar continuidad a los inquilinos en comunidades donde no se aplican zonas tensionadas y evitar subidas que se consideren abusivas.
Segundo decreto y estabilidad de los alquileres
El segundo real decreto ley se ha diseñado para reforzar la estabilidad de los contratos de vivienda habitual. Su contenido principal es la renovación automática de los alquileres, una demanda que Sumar quería incluir en el primer texto junto al resto de medidas. La ministra ha explicado que la renovación automática beneficiará al inquilino, aunque contempla excepciones por necesidad del propietario, motivos familiares u otras circunstancias sobrevenidas.
La separación en dos normas fue el último escollo de la negociación y obligó a apurar el acuerdo hasta bien entrada la mañana. El Consejo de Ministros, previsto inicialmente para las 9.30 horas, comenzó una hora después. PSOE y Sumar sostienen que el reparto permite salvar las medidas más urgentes y continuar negociando las que necesitan más apoyos parlamentarios.
Negociación y votación en el Congreso
El Ejecutivo ha solicitado un pleno extraordinario para el viernes a las 11.00 horas en el que se debatirán y votarán por separado los dos decretos. Las normas entran en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero necesitan la convalidación del Congreso en un plazo máximo de 30 días. Para sacarlas adelante basta una mayoría simple, aunque el Gobierno necesita asegurar el respaldo de sus socios de investidura.
La convalidación no está garantizada y las conversaciones con otras fuerzas parlamentarias seguirán en los próximos días. El resultado dependerá de que los grupos acepten tanto el contenido del primer decreto como la fórmula elegida para la renovación automática de los alquileres. La ministra ha pedido altura de miras y ha defendido que el problema de la vivienda es el principal asunto social del país.
El paquete aprobado deja dos decretos complementarios que abordan la protección frente a los desahucios, la compra especulativa, el alquiler temporal, la fiscalidad, la vivienda pública y la continuidad de los contratos. Su futuro inmediato se decidirá en la Cámara Baja, donde el Gobierno tendrá que demostrar que los apoyos reunidos fuera del Consejo de Ministros se traducen en votos suficientes para evitar que alguna de las normas quede derogada.