- PSOE y Sumar acuerdan una prórroga extraordinaria de dos años para contratos que venzan antes del 30 de junio de 2028.
- La medida amplía en casi un millón el número de potenciales beneficiarios, hasta alcanzar cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.
- El decreto incluye regulación del alquiler de temporada, subida del IVA turístico al 21% y bonificaciones fiscales para caseros que bajen el precio.
- Las negociaciones con Junts y PNV condicionan la convalidación, con exigencias como el pago al día y reformas de la Ley del Suelo.
El Gobierno de coalición ha cerrado un acuerdo para incluir en el nuevo decreto de vivienda una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028. Así lo han confirmado fuentes de PSOE y Sumar, que destacan que esta medida amplía en seis meses el plazo anterior (31 de diciembre de 2027) y suma casi un millón de personas a los potenciales beneficiarios. En total, desde el 21 de marzo de 2026 hasta la nueva fecha límite, cerca de cuatro millones de inquilinos y un millón y medio de hogares podrían acogerse a esta congelación de rentas, según los cálculos de Sumar.
El texto, que aún debe ser aprobado por el Consejo de Ministros el próximo martes, pretende evitar el fracaso de la anterior prórroga, tumbada en abril por PP, Vox y Junts. Para ello, el Ejecutivo ha incluido medidas complementarias que buscan contentar a los socios de investidura, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para frenar el fraude, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito, bonificaciones en el IRPF para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler y una subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, junto con un endurecimiento del régimen sancionador contra la publicidad ilegal en plataformas.
Negociaciones y exigencias de los grupos
El principal escollo para la convalidación del decreto sigue siendo Junts, que ya tumbó la medida anterior. La formación de Carles Puigdemont condiciona su apoyo a que la prórroga solo se aplique a inquilinos que estén al corriente de pago y a que el propietario pueda recuperar la vivienda por necesidad propia o familiar, aunque no esté recogido en el contrato. Además, exigen deducciones fiscales en el IRPF para la compra de vivienda habitual y para los caseros, así como la transposición de la directiva europea del IVA franquiciado para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros. Por su parte, el PNV también reclama limitar la prórroga a quienes hayan estado al día durante los doce meses anteriores a la solicitud, y considera imprescindible una reforma de la Ley del Suelo que agilice los planeamientos urbanísticos y evite bloqueos, una medida que choca frontalmente con la postura de Podemos.
Podemos, que ya ha anunciado su voto en contra si el decreto incluye bonificaciones fiscales a propietarios o la reforma de la Ley del Suelo, exige una moratoria de desahucios para familias vulnerables. El partido morado considera que la modificación del sistema de recursos urbanísticos legalizaría proyectos ilegales y limitaría la capacidad de la sociedad civil para denunciar irregularidades. Mientras, el Ministerio de Vivienda insiste en que el decreto será “amplio y ambicioso” e incluirá soluciones estructurales, y que la prioridad es lograr un consenso que permita su convalidación en el Congreso tras el verano.
El texto pactado también recoge una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas de protección para familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar desahucios y garantizar una alternativa habitacional. Sin embargo, de momento no se ha concretado una moratoria, lo que deja en el aire el apoyo de Podemos. Con el calendario marcado, el Gobierno confía en que las negociaciones de última hora permitan sumar los votos necesarios para que la prórroga de los alquileres no se quede, otra vez, en un intento fallido.