- El decreto de vivienda se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del martes, después de meses de retraso y con la crisis de desahucios como telón de fondo.
- Incluye prórroga de contratos de alquiler, protección a inquilinos vulnerables, regulación de alquileres temporales y subida del IVA a pisos turísticos.
- El Gobierno negocia apoyos con Junts, PNV y Podemos, mientras Sumar exige medidas más ambiciosas y rechaza un texto descafeinado.
- La oposición y algunos socios cuestionan el alcance real de la norma, sobre todo en expropiaciones y en la protección frente a desahucios.
El Ejecutivo tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros un nuevo decreto de vivienda. La norma llega después de meses de retraso, en plena conmoción por el desalojo de una mujer de 87 años de su casa de renta antigua en Madrid, donde había vivido durante siete décadas. El caso ha funcionado como detonante de una ola de indignación social y ha metido todavía más presión a una negociación que seguía abierta hace apenas unas horas.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que dirige Isabel Rodríguez, busca un texto que pueda ser aprobado por el Gobierno y, después, convalidado en el Congreso. La idea es que recoja un equilibrio entre las demandas de la izquierda y las exigencias de formaciones como Junts o el PNV. Fuentes del departamento hablan de un paquete articulado en torno a diez ámbitos de actuación, aunque su contenido final aún depende de los votos y de la negociación parlamentaria.
Un decreto condicionado por la urgencia social y política
Pedro Sánchez ha pedido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que el texto salga adelante. En distintos actos y mensajes públicos ha insistido en que no se trata de una cuestión ideológica, sino de dar respuesta a una situación de emergencia. La oposición, sin embargo, cuestiona el calendario y sostiene que el decreto no resolverá por sí solo el problema de fondo. El PP, por su parte, ha acusado al Gobierno de usar políticamente el caso, mientras el Ejecutivo defiende que quiere evitar más situaciones como la de Maricarmen.
Medidas que se negocian para el alquiler y la vivienda
Uno de los puntos centrales es la prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler. La propuesta pasa por que los inquilinos puedan solicitar una extensión de hasta dos años en contratos que venzan antes de junio de 2028, manteniendo las mismas condiciones salvo excepciones pactadas. Con esta medida se pretende dar estabilidad a los hogares inquilinos y evitar subidas desproporcionadas en las renovaciones.
En materia de desahucios, el Gobierno quiere reforzar la protección de las familias vulnerables que no tengan una alternativa habitacional. El borrador contempla que el juez pueda suspender el lanzamiento hasta que exista una solución razonable y prevé compensaciones para pequeños propietarios. También se negocia con Junts prohibir los desalojos en pisos propiedad de fondos de inversión y limitar la compra especulativa de vivienda por parte de los llamados fondos buitre.
El texto incluiría además la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones para impedir que se usen como vía de escape de la ley. La intención es que estos contratos tengan una causa real y acreditable y que, si no la tienen, se consideren arrendamientos habituales. En paralelo, se debate subir el IVA de los pisos turísticos para equipararlos a una actividad económica y frenar su expansión en zonas tensionadas.
La fiscalidad es otro de los frentes. Vivienda estudia bonificaciones para inquilinos, con el fin de rebajar de forma inmediata el esfuerzo que supone pagar el alquiler, y también para propietarios que bajen el precio. La idea es incentivar que salgan al mercado viviendas vacías y que lo hagan a precios más moderados. A ello se suman ayudas para la compra de la primera vivienda, el blindaje del parque público para que no acabe en manos privadas y una rebaja del IVA para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.
Negociación con los socios: Junts, Podemos y Sumar
El futuro del decreto no depende solo del Consejo de Ministros. Una vez aprobado, el Congreso debe convalidarlo o derogarlo en el plazo de un mes. Por eso el Ejecutivo necesita asegurar apoyos parlamentarios suficientes, y ahí entran formaciones como Junts, PNV, Podemos, ERC o Bildu. Las conversaciones se han acelerado en los últimos días, aunque el acuerdo final no está cerrado.
Con Junts, el Gobierno negocia un paquete de carácter fiscal. Los independentistas reclaman desgravaciones en el IRPF para arrendadores e inquilinos, deducciones por adquisición de vivienda y cuentas de ahorro con ventajas tributarias. También han pedido exenciones para inquilinos con rentas bajas y medidas para facilitar la compra a los más jóvenes. En los últimos días, ambas partes han acercado posturas en asuntos como la compra de viviendas por fondos de inversión.
Sumar, socio de coalición del PSOE, mantiene una posición más exigente. Fuentes de la formación aseguran que el texto sigue lejos de lo que consideran imprescindible y amenazan con no validar un acuerdo descafeinado. Podemos y Sumar han llegado a plantear expropiaciones de viviendas en manos de fondos, mientras el ala socialista del Gobierno considera que esa vía tiene difícil encaje constitucional y no resolvería los casos de forma efectiva.
La negociación sigue abierta y el texto podría cerrarse a última hora. El Ejecutivo confía en que la urgencia social facilite un acuerdo transversal, pero también asume el riesgo de frustrar a los colectivos que llevan semanas movilizados. El margen es estrecho: si el decreto no se convalida, todas las medidas aprobadas decaerían en pocas semanas.
El nuevo decreto de vivienda llega así al Consejo de Ministros como una pieza clave para intentar calmar el malestar social. Combina prórrogas de alquiler, protección frente a desalojos, límites a los fondos, regulación de pisos turísticos y ayudas fiscales, pero su alcance real dependerá de los votos del Congreso. La presión de la calle y las diferencias entre socios convierten su tramitación en una prueba de fuego política.