- Cuatro nuevos casos de alquiler turístico ilegal denunciados en Ibiza, elevando a 15 las infracciones en 2026.
- Multa de 793.443,74 euros por transformar una vivienda sin licencia turística.
- Controles de transporte ilegal con propuestas de sanción por 27.400 euros.
- Patronales hoteleras proponen usar el Registro de la Propiedad para identificar viviendas de alquiler de corta duración.
La lucha contra el alquiler turístico ilegal en Ibiza no da tregua. La Policía Local y el Consell Insular han denunciado cuatro nuevos casos en la última semana, elevando a quince las infracciones tramitadas este año. Las inspecciones, que se realizaron sobre una treintena de inmuebles, forman parte de una estrategia coordinada para frenar el intrusismo en el mercado de alquiler vacacional.
Mientras tanto, las patronales hoteleras de Baleares han puesto sobre la mesa una propuesta para reforzar el control: utilizar el Registro de la Propiedad como herramienta de identificación de las viviendas destinadas a alquiler de corta duración. Una medida que, según sus impulsores, permitiría a las administraciones disponer de información fiable sin crear nuevas estructuras burocráticas.
Nuevas denuncias y sanciones en Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza ha confirmado que los cuatro expedientes abiertos se suman a los once que ya se habían tramitado, lo que sitúa el total en quince denuncias por alquiler turístico ilegal en lo que va de año. El alcalde, Rafael Triguero, ha insistido en que la lucha contra el intrusismo es una «prioridad absoluta» para su equipo de gobierno, y ha recordado que las viviendas sin licencia turística no están para veranear.
Una de las sanciones más destacadas ha sido la impuesta a un propietario que transformó una vivienda residencial en alojamiento turístico sin el título habilitante. La multa asciende a 793.443,74 euros, después de que la Junta de Gobierno Local desestimara las alegaciones presentadas contra el expediente iniciado en 2024. Esta infracción está tipificada como grave en la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears.
Controles de transporte ilegal
Los dispositivos contra el intrusismo también se han extendido al transporte de viajeros. Durante el último fin de semana, el cuarto turno de la Policía Local, en colaboración con el Consell, detectó numerosas irregularidades que han derivado en propuestas de sanción por un importe total de 27.400 euros. Entre las infracciones más comunes figuran la realización de servicios complementarios sin autorización, la captación de clientes en paradas de taxi y el exceso de cupo en vehículos de alquiler.
También se han registrado dos casos de conducción temeraria, dos positivos en pruebas de drogas y un positivo de un conductor de VTC. Además, los agentes formularon diez propuestas de sanción por diversas infracciones de tráfico, como el exceso de ocupación en vehículos de pasajeros. Cinco vehículos tuvieron que ser retirados con grúa y se formalizó un acta de aprehensión de sustancias estupefacientes.
Patronales hoteleras proponen usar el Registro de la Propiedad
Las tres patronales hoteleras de Baleares (FEHM, FEHIF y ASHOME) han planteado al Govern balear que el Registro de la Propiedad sea la pieza clave para identificar las viviendas destinadas al alquiler de corta duración. Su propuesta pasa por modificar el artículo 50 de la Ley 8/2012 del Turismo para que, antes de comercializar una vivienda como alojamiento turístico, se pueda acreditar mediante una certificación registral su existencia, la legitimación del propietario, la ausencia de prohibiciones estatutarias y la inexistencia de regímenes de protección pública incompatibles.
La iniciativa surge después de que el Tribunal Supremo anulara parte del registro estatal de alquileres de corta duración, al considerar que excedía las competencias del Estado. Las patronales interpretan que esta sentencia abre la puerta a que las comunidades autónomas regulen la identificación de estas viviendas, y consideran que Baleares tiene ahora una oportunidad para adaptar su normativa sin crear estructuras paralelas.
Según las organizaciones empresariales, este sistema permitiría a las áreas de Vivienda y Turismo disponer de una información común sobre el parque residencial, lo que facilitaría la detección de oferta ilegal y contribuiría a aliviar la presión sobre el mercado de vivienda. Además, evitaría la duplicidad de registros y reduciría costes y plazos para los propietarios legales.
Con estas medidas, Ibiza y Baleares buscan atajar un problema que afecta tanto al sector turístico como al acceso a la vivienda. La combinación de sanciones ejemplares, controles de transporte y una propuesta de identificación única a través del Registro de la Propiedad dibuja un escenario en el que la oferta ilegal tiene cada vez menos hueco. Queda por ver cómo se materializa la propuesta de las patronales, pero la dirección parece clara: más control, más coordinación y menos intrusismo.
