- El incendio de Niebla, el peor del verano, arrasa 33.000 hectáreas y provoca la declaración de desastre natural.
- La Junta solicita al Gobierno central que declare zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil a 31 municipios andaluces.
- Los seísmos de Granada dejan 16 localidades damnificadas y se estiman indemnizaciones de hasta 100 millones de euros.
- Se reclama a 601 ayuntamientos que actualicen sus planes de emergencia ante futuros siniestros.
El verano de 2026 pasará a la historia de Andalucía como uno de los más crueles que se recuerdan. La combinación de incendios forestales devastadores y una serie sísmica inusual en Granada ha puesto a la comunidad contra las cuerdas, obligando a las administraciones a mover ficha con celeridad. La Junta de Andalucía, tras semanas de trabajo técnico, ha decidido dar un paso al frente y solicitar al Gobierno de España que active la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil para un total de 31 municipios. La medida, que se debatirá en el próximo Consejo de Ministros, busca canalizar ayudas directas para reparar los cuantiosos daños materiales y personales que han dejado estos fenómenos.
La magnitud de los hechos no tiene precedentes desde 1991. Más de 260 incendios han calcinado al menos 57.500 hectáreas en toda la región, con el fuego de Niebla como principal protagonista al arrasar 33.000 hectáreas en un perímetro de 210 kilómetros. A esto se suman los terremotos que, entre finales de julio y agosto, sacudieron el Área Metropolitana de Granada y provocaron daños en viviendas, infraestructuras y servicios públicos. La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, lo resumió con claridad: “Ha sido un verano especialmente duro para algunos andaluces”.
Un balance desolador en el campo andaluz
Los informes elaborados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que dirige Ramón Fernández-Pacheco, no dejan lugar a dudas: el desastre ecológico es de una envergadura histórica. Las llamas han arrasado extensas superficies de masa forestal donde convivían pinares, dehesas y monte mediterráneo de alto valor ecológico. La destrucción alcanza también al potencial maderero y ha provocado una caída drástica en la producción de corcho y bellota, especialmente en la zona de Berrocal, así como la pérdida de eucaliptales en explotación.
La fauna local tampoco se ha salvado. Los técnicos constatan una fragmentación de hábitats sin precedentes, con 34 cotos de caza afectados (27 en Huelva y 7 en Sevilla), lo que ha provocado una alta mortalidad directa y el desplazamiento forzoso de muchas especies. En el ámbito ganadero, 38 explotaciones de bovino, equino, pequeños rumiantes y porcino han sufrido daños directos, mientras que el sector apícola afronta un panorama desolador: la calcinación de colmenas y la desaparición del soporte floral amenazan la supervivencia de una actividad tradicional en la comarca.
Además, la red viaria ha quedado dañada en numerosos puntos, con pasos de agua, cunetas y firmes de tierra intransitables. Los cortafuegos y las labores de extinción también han dejado su huella en alambradas y cerramientos ganaderos. Un balance que, según la Junta, justifica sobradamente la adopción de medidas extraordinarias.
Desastre natural y zona catastrófica: la doble vía
Para el incendio de Niebla, la Junta ha aprobado la declaración de desastre natural, una figura que permite flexibilizar al máximo la concesión y justificación de las ayudas de los fondos FEAGA y FEADER. Esto significa que los afectados no perderán subvenciones europeas por no poder cumplir los plazos habituales, un alivio para agricultores y ganaderos que lo han perdido todo. Paralelamente, se ha instado al Gobierno central a que incluya en la declaración de zona gravemente afectada a 31 municipios: 15 por los incendios forestales y 16 por la serie sísmica granadina.
Entre los municipios propuestos por los incendios figuran localidades de cuatro provincias: Las Tres Villas y Nacimiento en Almería; Lecrín en Granada; Berrocal, El Campillo, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Lepe, Niebla, Paterna del Campo, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Villarrasa y Zalamea la Real en Huelva; y Aznalcóllar en Sevilla. Por los terremotos, se incluyen Alhendín, Armilla, Cájar, Churriana de la Vega, Cogollos de la Vega, Cúllar Vega, Gójar, Granada capital, Huétor Vega, La Zubia, Las Gabias, Maracena, Ogíjares, Santa Fe, Vegas del Genil y Villa de Otura. Esta petición llega después de que el Consejo de Ministros del 28 de julio declarara ya 211 zonas afectadas en 14 comunidades, dejando fuera precisamente estos municipios.
La declaración de zona catastrófica, regulada por la Ley 17/2015 de Protección Civil, habilita al Ejecutivo central a aprobar ayudas económicas para particulares por daños en viviendas y enseres, compensaciones a ayuntamientos por gastos inaplazables, subvenciones para infraestructuras municipales y la red viaria, así como ayudas para producciones agrícolas, ganaderas y forestales. También contempla la apertura de líneas de avales y préstamos preferenciales, además de medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social. En el caso de los terremotos, se estima que el Consorcio de Compensación de Seguros podría tramitar hasta 100 millones de euros en indemnizaciones por daños en viviendas y vehículos.
Reclamos a los ayuntamientos y preparación futura
En paralelo a la gestión de la crisis, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que la Junta ha contactado con 601 ayuntamientos situados en zonas de riesgo por incendios para instarles a actualizar sus planes de emergencia. Esta petición, realizada antes del verano, ha salido ahora a la luz después de que el Defensor del Pueblo Andaluz abriera un expediente de oficio al comprobar que solo 139 municipios tienen homologado su plan de actuación local ante incendios forestales según la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA).
La falta de preparación previa ha quedado en evidencia, y desde el Ejecutivo andaluz se insiste en que los ayuntamientos deben ponerse las pilas para evitar que una próxima emergencia les pille con el pie cambiado. La actualización de los planes es un requisito básico para coordinar la evacuación, la logística y la respuesta ante cualquier siniestro, y más en un contexto de cambio climático donde los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes.
Mientras tanto, la Junta ya trabaja en modificaciones presupuestarias para hacer frente a las primeras actuaciones de emergencia. La Consejería de Sostenibilidad, por ejemplo, ha anunciado medidas para evitar que la erosión y las cenizas del incendio de Niebla afecten a uno de los embalses principales de la provincia de Huelva. Y es que la reconstrucción no se limita a reponer lo quemado, sino también a prevenir daños colaterales en el medio ambiente y en los recursos hídricos.
En definitiva, este verano ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones andaluzas y españolas, y ha evidenciado la necesidad de reforzar la prevención y la coordinación. Las 57.500 hectáreas quemadas, los 31 municipios afectados y los cien millones de euros en indemnizaciones previstas son solo la punta del iceberg de una crisis que obligará a replantear las políticas de gestión del territorio y de emergencias. Ahora, la pelota está en el tejado del Gobierno central, que deberá aprobar la declaración solicitada para que las ayudas lleguen cuanto antes a los damnificados. Andalucía, una tierra acostumbrada a levantarse de las cenizas, tendrá que volver a hacerlo, pero esta vez con más herramientas y, sobre todo, con más prevención.