- La Diputación de Ávila adjudica un contrato de 129.789 euros para reforzar la ciberseguridad y la protección de datos en los ayuntamientos de la provincia.
- Molina de Segura licita por 106.044 euros la modernización de su red inalámbrica con tecnología WiFi 7 y un sistema de control de accesos.
- Collado Villalba recupera la normalidad tras un ciberataque ransomware en menos de una semana, sin filtración de datos personales.
- La ciberseguridad municipal se consolida como una necesidad crítica para proteger los servicios públicos y la información de los ciudadanos.
Los ayuntamientos españoles están dando un paso al frente en materia de seguridad digital. En las últimas semanas, varias administraciones locales han puesto en marcha inversiones millonarias para proteger sus sistemas informáticos y los datos de sus vecinos, conscientes de que los ciberdelincuentes han puesto el foco en las entidades públicas. Desde la contratación de servicios especializados hasta la modernización de redes WiFi o la recuperación tras ataques ransomware, la ciberseguridad municipal se ha convertido en un asunto de máxima urgencia.
La amenaza no es teórica. Hace apenas unos días, el Ayuntamiento de Collado Villalba sufrió un ataque de secuestro de datos que paralizó temporalmente sus servicios, mientras que otras administraciones como la Diputación de Ávila han optado por blindar sus sistemas con inversiones específicas. Estos casos evidencian la necesidad de que las entidades locales, especialmente las de menor tamaño, cuenten con herramientas y personal cualificado para hacer frente a unas amenazas que no entienden de presupuestos ni de tamaño.
La Diputación de Ávila refuerza la protección de los pequeños municipios
La Diputación de Ávila ha adjudicado un contrato de 129.789 euros destinado a mejorar la ciberseguridad y el cumplimiento de la normativa de protección de datos en los ayuntamientos de la provincia. El acuerdo, aprobado en la Junta de Gobierno de este lunes en el Torreón de los Guzmanes, tendrá una duración inicial de dos años con posibilidad de prórroga de un año más. La empresa encargada de prestar el servicio será CIES Ciberseguridad y Cumplimiento S.L., que ya trabajaba anteriormente con la institución provincial.
El contrato se pagará en tres ejercicios: 16.223 euros en 2026, 64.894 euros en 2027 y 48.000 euros en 2028. Según explicó el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Carlos Sánchez Mesón, la medida es especialmente relevante para los municipios más pequeños, que en muchos casos carecen de recursos para contratar un delegado de protección de datos. «Muchos ayuntamientos no tienen las herramientas necesarias en esta materia», señaló, por lo que el servicio provincial les permitirá cumplir con la normativa y proteger sus sistemas digitales.
Esta inversión se suma a otras actuaciones de la Diputación en materia de infraestructuras, como la intervención en el puente de Muñoyerro o la planta piloto de la EDAR de Fontiveros, pero pone de manifiesto una prioridad clara: la seguridad digital ya no es un lujo, sino una necesidad básica para cualquier administración pública.
Molina de Segura moderniza su red y controla los accesos con WiFi 7
El Ayuntamiento de Molina de Segura ha sacado a licitación un contrato de 106.044,40 euros para modernizar la conectividad de sus edificios públicos y reforzar la ciberseguridad de su red. El proyecto, impulsado por la Concejalía de Tecnologías de la Información y la Comunicación, contempla la instalación de 80 nuevos puntos de acceso con tecnología WiFi 7, duplicando prácticamente los 43 puntos WiFi 6 actuales repartidos en 20 dependencias.
El alcalde, José Ángel Alfonso, destacó que la actuación permitirá mejorar tanto la cobertura y la capacidad de las conexiones inalámbricas como la seguridad y el control sobre los dispositivos que se conectan a la infraestructura municipal. Para ello, se implantará un sistema NAC (Network Access Control) capaz de identificar, clasificar y autenticar los dispositivos que intenten acceder a la red, ya sea por WiFi o por cable, y aislar aquellos que no cumplan con los requisitos de seguridad.
El sistema se integrará con el cortafuegos de nueva generación y con la plataforma de análisis de eventos y registros de seguridad, lo que permitirá una supervisión centralizada de toda la red. Además, se incluirá el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo durante tres años, junto con la instalación de parches de seguridad. Los ciudadanos también notarán la mejora: los edificios públicos contarán con señalización con códigos QR para acceder al WiFi público de forma más rápida y segura, con un portal adaptado a móviles que mostrará las condiciones de uso y la política de privacidad.
Las empresas interesadas tienen hasta el 1 de octubre de 2026 para presentar sus ofertas, en un procedimiento abierto simplificado.
Collado Villalba, el ejemplo de una recuperación exprés tras un ciberataque
El Ayuntamiento de Collado Villalba ha recuperado la normalidad operativa en menos de una semana tras el ciberataque de tipo ransomware que sufrió a mediados de la semana pasada. Los sistemas principales, incluyendo la Sede Electrónica, volvieron a funcionar el pasado lunes, y las oficinas de Atención al Ciudadano reabrieron sus puertas. La alcaldesa, Mariola Vargas, calificó la respuesta del Consistorio de «ejemplar», destacando que mientras otras administraciones pueden tardar meses en recuperarse, ellos han logrado restablecer los servicios en tiempo récord.
El ataque se detectó a primera hora del martes, cuando los técnicos vieron una alerta en el sensor de ciberseguridad, y de inmediato se activaron los protocolos de seguridad. Se presentó denuncia ante la Guardia Civil y se informó a la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid y al CCN-CERT. Los técnicos aislaron la red para proteger las copias de seguridad y trabajaron de forma coordinada con las autoridades para eliminar cualquier rastro del ataque, instalar nuevas capas de seguridad y reforzar los cortafuegos perimetrales.
El responsable de Informática, Óscar López, explicó que el objetivo del ataque era «hacerse con los datos y hacer el máximo daño para pedir un rescate», pero subrayó que «no se ha pagado nada, ni se pensó en hacerlo». Aunque aún se advierte de posibles demoras administrativas debido a la saturación por los trámites acumulados, la recuperación se ha considerado un éxito. Además, el concejal de Digitalización, Miguel Aisa, pidió a los vecinos que ningún responsable del Ayuntamiento les llamará para pedirles cuentas bancarias o contraseñas, y que rechacen cualquier comunicación de este tipo.
Este caso pone de relieve la importancia de contar con protocolos de respuesta ante incidentes de seguridad, y también la necesidad de que los ayuntamientos inviertan en prevención para evitar que situaciones similares se repitan.
La formación ciudadana, otra pata de la ciberseguridad municipal
La ciberseguridad no es solo una cuestión tecnológica, también es una cuestión de protección al consumidor, como demuestra la iniciativa del Ayuntamiento de Fuengirola. Este municipio malagueño celebró unas Jornadas de Formación y Prevención del Fraude al Consumidor centradas en la ciberseguridad, con el objetivo de dar a los ciudadanos herramientas para reconocer estafas online, proteger sus datos y evitar ser víctimas de delitos digitales.
La jornada contó con la participación de expertos como Ainoa Celaya, decana del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Oriental, la abogada María Lafuente de la OCU, y agentes del Equipo @ de la Guardia Civil, especializados en delitos telemáticos. Se abordaron las estafas más habituales en compras online, gestiones bancarias desde el móvil y redes sociales, así como las recomendaciones para actuar ante ellas. El concejal de Consumo, Francisco Javier García Lara, insistió en que «no se trata de generar temor, sino de facilitar conocimientos para usar las herramientas digitales con precaución».
Este enfoque, centrado en la prevención y la educación digital, se está extendiendo por toda España, combinando la inversión en tecnología con la concienciación de la ciudadanía.
En definitiva, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad transversal para las administraciones locales españolas. Las inversiones en contratos de protección de datos, la modernización de infraestructuras digitales y la respuesta eficaz ante ataques reales demuestran que los ayuntamientos están tomando medidas para proteger sus sistemas y la información de los ciudadanos. Sin embargo, la amenaza sigue latente y la preparación continua será clave para evitar que los ciberdelincuentes encuentren en las administraciones más pequeñas una puerta de entrada fácil. La combinación de tecnología, personal especializado, protocolos de respuesta y formación ciudadana se dibuja como el camino más sólido para blindar los servicios públicos en la era digital.