- La Junta de Andalucía ha iniciado el expediente de derecho de retracto para adquirir los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba y revertirlos al Ayuntamiento.
- El plazo para formalizar la operación, fijada en 300.000 euros, finaliza el próximo 6 de octubre, según confirmó la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
- El actual propietario, Antonio Amil, ha anunciado alegaciones y una posible vía judicial al no considerar ajustado el precio a sus inversiones.
- De forma paralela, la Junta estudia la declaración de estos espacios como Bien de Interés Cultural (BIC) para garantizar su conservación.
La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el mecanismo legal para hacerse con los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, tres espacios emblemáticos del casco histórico de Córdoba que permanecen cerrados esta temporada. La titular del ramo, Patricia del Pozo, confirmó este martes que el expediente de retracto se ha iniciado “en favor directamente del Ayuntamiento” de la capital, de modo que será la administración local quien asuma la titularidad de los inmuebles y decida los usos futuros.
La operación, que se sustenta en el artículo 17 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, arranca tras detectarse que la venta de los tres inmuebles realizada el pasado 26 de marzo por Esplendor Cinemas, S.L. al empresario Antonio Amil no fue notificada a la administración autonómica, un requisito obligatorio para bienes protegidos. El notario comunicó la transmisión el 6 de abril, por lo que el plazo de seis meses para ejecutar el retracto concluye el 6 de octubre, tal y como recoge el acuerdo de inicio fechado el 7 de septiembre.
El procedimiento de retracto y su encaje patrimonial
El derecho de retracto permite a la Junta subrogarse en la compra por 300.000 euros, el mismo precio que pagó Amil por las tres fincas, que incluyen un edificio en la Plazuela de la Fuenseca, una casa con huerto en la calle Frailes y otra en la calle del Zarco. El Ayuntamiento de Córdoba había solicitado formalmente a la Junta el ejercicio de esta vía el pasado 8 de julio, y reforzó su petición con un nuevo escrito el 4 de septiembre, según consta en el expediente al que ha tenido acceso este periódico.
El acuerdo de inicio señala que los tres cines están “indubitadamente” incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz y forman parte del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH). Estos espacios, desarrollados en antiguos huertos y vacíos urbanos, han servido como lugares de sociabilidad y exhibición cinematográfica prácticamente desde la década de 1940, lo que refuerza su valor patrimonial. La Dirección General de Patrimonio Histórico ha solicitado a la Delegación Territorial un informe técnico urgente para culminar el proceso.
En paralelo, la Consejería mantiene abierto un segundo expediente para estudiar la declaración de estos cines como Bien de Interés Cultural (BIC), una figura que ofrecería una protección integral más allá de la adquisición. “Desde el principio ha habido conversaciones con el alcalde y el Ayuntamiento”, explicó Del Pozo, y “fruto del diálogo” se han impulsado ambos procesos, que discurren de forma complementaria para asegurar tanto la titularidad pública como la salvaguarda de la actividad.
La respuesta del propietario actual
Antonio Amil, que gestionó los cines durante dos años y los adquirió junto a su pareja, ha mostrado su rechazo frontal a la operación. El empresario asegura que el precio de compra no refleja sus inversiones en alquiler y mejoras y advierte de que cuenta con una oferta cercana a los 800.000 euros. En un comunicado remitido al concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, propone una solución alternativa a tres bandas: que la Junta desista del retracto y que una asociación cultural interesada pueda comprar los inmuebles con la colaboración de las administraciones.
Amil defiende que este modelo permitiría mantener viva la función cinematográfica y desarrollar el proyecto de la asociación, que cubriría aproximadamente el 80% de sus previsiones con los usos actualmente permitidos. No obstante, el empresario deja claro que “no se trata de cerrar los cines” y que defenderá sus derechos “por las vías correspondientes”, lo que anticipa una posible batalla judicial que podría demorar la transmisión definitiva más allá del plazo administrativo.
La consejera de Cultura se mostró prudente sobre los plazos y evitó pronunciarse sobre escenarios futuros, aunque subrayó que la Junta “va a cumplir con la fecha” del 6 de octubre. Del Pozo elogió la colaboración con el Ayuntamiento, que calificó de “auténtica gozada”, y recordó proyectos conjuntos recientes como la restauración de los Baños Árabes o la Sinagoga. “Es un proyecto precioso y estaremos aquí siempre”, sentenció, mostrando su compromiso con la conservación de “esa joyita de Córdoba”.
La decisión de la Junta llega después de que el alcalde, José María Bellido, firmara a finales de agosto un decreto para inadmitir el recurso de reposición presentado por Amil y ratificar que la administración autonómica tenía prioridad en la compra. Con todo, la operación no está exenta de incógnitas: las alegaciones del propietario y una eventual demanda judicial mantienen en vilo el futuro de unos espacios que, por su escala y continuidad desde mediados del siglo XX, constituyen una seña de identidad no solo para los barrios que los albergan, sino para el conjunto de la ciudad.