- Los anuncios de alquiler deben ser claros y no ocultar datos relevantes sobre la vivienda o el contrato.
- En zonas tensionadas se exige índice de referencia, límite de renta y condición de gran tenedor cuando proceda.
- La oferta de alquiler sigue a la baja y los precios medios se moderan en grandes ciudades, aunque suben en mercados pequeños.
- Los portales y expertos discrepan sobre la magnitud de las retiradas de viviendas, sin un éxodo masivo confirmado.

Desde comienzos de octubre, el alquiler residencial afronta un marco publicitario más exigente. La información ofrecida al posible inquilino debe ser clara y no inducir a error, tanto sobre las características del inmueble como sobre las condiciones del contrato. Las obligaciones recaen sobre portales, agencias, promotoras y propietarios particulares, y la norma todavía tiene pendiente su convalidación en la Diputación Permanente.
A ese cambio normativo se suma un mercado con menos viviendas anunciadas y una demanda que sigue siendo muy elevada. Los datos disponibles no dibujan un escenario uniforme: hay caídas de oferta en distintas mediciones, precios medios al alza en términos anuales y correcciones en algunas capitales. La clave está en distinguir entre la retirada preventiva de anuncios y un éxodo masivo que, por ahora, las fuentes del sector no confirman.
Qué deben incluir los anuncios y a quién obliga

El ámbito de aplicación es amplio. A diferencia de otras normas centradas en la relación entre consumidor y empresa, este texto también alcanza al propietario que publica por su cuenta. El artículo 20 habla de publicidad, promoción u oferta de arrendamiento, de modo que entran portales inmobiliarios, webs de agencias, redes sociales y el escaparate tradicional del barrio.
En zonas tensionadas, el anuncio debe incorporar el índice de referencia del precio del alquiler, el límite de renta aplicable, el código o título identificativo de la unidad arrendada y la condición de gran tenedor cuando corresponda. El índice de referencia y los topes solo son exigibles en las zonas declaradas tensionadas; en el resto no se exige límite de renta, aunque sí debe indicarse si el arrendador es gran tenedor. En vivienda protegida hay que detallar el límite que le afecta.
No existe un periodo transitorio que permita dejar los anuncios antiguos como estaban. Los anuncios ya publicados deben actualizarse desde la entrada en vigor, prevista para el 8 de octubre, aunque la convalidación parlamentaria siga pendiente. La norma se aplica con independencia de que el inmueble se anuncie en una gran plataforma o en una inmobiliaria pequeña.
A estas obligaciones se suma la Ley 10/2025 de servicios de atención a la clientela. El anuncio debe mostrar el precio final con IVA y los gastos de gestión e intermediación. En vivienda habitual no se pueden repercutir al inquilino; con el nuevo decreto tampoco en alquileres de temporada ni por habitaciones, mientras que en los arrendamientos de corta duración sí cabe repercutirlos.
Si un usuario detecta un anuncio que no cumple, puede pedir la subsanación a la agencia, plataforma o portal y acudir a los servicios de consumo o vivienda de su comunidad o ayuntamiento. Las cláusulas que trasladen esos gastos al inquilino son nulas, por lo que si finalmente los abona puede reclamar su devolución.
Oferta a la baja y precios con diferencias territoriales

Las previsiones del Observatorio del Alquiler apuntan a 676.215 inmuebles disponibles al cierre del ejercicio, lo que supondría 7.705 viviendas menos que el año anterior y un descenso del 2,27%. El informe no recoge todo el efecto de los decretos, pero sí contabilizó la salida de unas 4.290 viviendas entre el 28 y el 30 de septiembre, un movimiento superior al habitual para esas fechas.
La presión de la demanda continúa siendo alta. Cada vivienda que sale al mercado recibe una media de 133 personas interesadas durante sus primeros diez días, por debajo de los 143 contactos del trimestre anterior y de los 135 de finales del ejercicio previo, pero todavía en niveles extraordinarios. Barcelona lidera con 401 interesados por inmueble; después aparecen Vizcaya, con 179; Baleares, con 159; Álava, con 157; Guipúzcoa, con 142; Zaragoza, con 133; Madrid, con 120, y Tarragona, con 115.
El precio medio del alquiler se situó en 1.214 euros mensuales al final del tercer trimestre, frente a los 1.187 euros del cierre de 2025, un avance acumulado del 2,27%. Baleares encabeza la tabla con 1.681 euros; Barcelona llega a 1.641; Madrid, a 1.639; Málaga, a 1.316, y Vizcaya, a 1.308. Hay correcciones en Barcelona, Álava y Vizcaya, mientras que Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Málaga y Madrid registran subidas anuales.
Las cifras de oferta no son homogéneas. Pisos.com detecta una caída del 2,3% desde antes del decreto, más acusada entre particulares que entre profesionales, y un descenso del 9% en alquiler temporal. Fotocasa habla de una contracción del 5,9% en larga duración y de un aumento del 7,5% en habitaciones. En las capitales de provincia, un vaciado de Idealista recogido por medios sitúa el descenso entre septiembre y octubre en torno al 33%, desde 33.815 anuncios hasta 27.530.

Con estos mimbres, no hay un éxodo masivo confirmado. La patronal inmobiliaria admite una bajada por prevención, pero no una salida generalizada; expertos y portales insisten en que parte de la oscilación responde a contratos firmados, anuncios retirados para adaptarse a la ley y decisiones de propietarios que esperan a ver qué ocurre con la convalidación. Los fondos de inversión, por su parte, ya venían reduciendo su presencia en alquiler por motivos de rentabilidad antes de este decreto.
Límites, temporales y control de los anunciantes

En las zonas tensionadas, el índice SERPAVI marca un precio máximo y mínimo orientativo. Si la vivienda estuvo alquilada en los últimos cinco años, debe tenerse en cuenta la renta anterior y su actualización conforme al IRAV y mejoras del 10% cuando proceda. Un ejemplo: si el último precio vigente era de 1.000 euros y el IRAV es del 2%, el anuncio podría reflejar 1.020 euros, explicando la actualización.
La norma también mira de cerca los alquileres temporales y por habitaciones. En contratos temporales sucesivos, la renta no puede superar el incremento del IRAV. Además, no se pueden repercutir gastos de gestión en temporada ni en habitaciones, y el alquiler temporal ha caído alrededor del 9% después de exigirse la acreditación de la temporalidad. El peso de la vivienda temporal en la oferta pasó del 44% al 42%, mientras las habitaciones subieron un 7,5%.
La condición de gran tenedor se aplica a quien posee más de diez inmuebles residenciales o 1.500 metros cuadrados construidos, sin contar garajes y trasteros; en zonas tensionadas la definición puede rebajarse hasta cinco inmuebles. Debe indicarse en el anuncio siempre que corresponda. A las agencias se les recomienda dejar constancia de la declaración del propietario para evitar que una inspección les haga responsables de datos aportados de buena fe.
El escenario normativo sigue abierto. Las prórrogas extraordinarias y el escudo antidesahucios dan tranquilidad a inquilinos vulnerables, pero el sector advierte de que menos rotación puede reducir aún más la oferta disponible para quienes quieren emanciparse, mudarse o llegan a la ciudad. La convalidación en la Diputación Permanente y la suerte de un segundo decreto condicionan buena parte de las decisiones de propietarios y empresas.
El nuevo marco obliga a revisar anuncios, precios y condiciones, mientras el mercado lidia con una oferta menguante, una demanda intensa y datos que no siempre coinciden. La transparencia publicitaria avanza, pero la incertidumbre sobre la convalidación y el impacto real de las retiradas mantienen en vilo a inquilinos, propietarios y agentes inmobiliarios.





