- El tiempo de espera comenzará a contar desde la indicación facultativa y no desde la inscripción.
- Por primera vez, se medirán las demoras en Atención Primaria y se prohibirán los registros paralelos.
- Los pacientes podrán consultar en todo momento su posición y cualquier cambio en su proceso.
- La publicación de datos será trimestral, con nuevos indicadores y controles de calidad.
El Ministerio de Sanidad ha dado un paso al frente para renovar por completo cómo se miden las listas de espera en toda España. La nueva propuesta, que toma forma de real decreto, quiere sustituir el anticuado sistema de 2003 por un modelo mucho más preciso y transparente. La iniciativa llega en un momento delicado, después de que se destapara el caso de manipulación de prioridades quirúrgicas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y promete poner fin a los trucos estadísticos que han permitido maquillar las demoras reales.
El texto, trabajado con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial, introduce cambios de calado que afectan a todos los niveles asistenciales. Uno de los más llamativos es que el reloj de la espera comenzará a correr desde la indicación del facultativo, y no cuando el paciente aparece en un registro. Además, se incluirá por primera vez la Atención Primaria en los informes oficiales, un ámbito que hasta ahora quedaba en la sombra y que concentra gran parte del colapso sanitario.
El cómputo arrancará desde la indicación médica
Con la nueva norma, la fecha de inscripción en el registro oficial dejará de ser la referencia. El paciente podrá ser anotado hasta cinco días naturales después de que el médico lo indique, pero ese retraso no modificará el inicio del conteo. De esta forma, la falta de huecos en las agendas no servirá para camuflar los tiempos reales de demora. Además, se prohíbe expresamente la existencia de listas, bolsas o registros paralelos que queden al margen del sistema oficial, un mecanismo que ha sido denunciado en varias comunidades.
El nuevo modelo abarcará las consultas externas hospitalarias, las pruebas diagnósticas y terapéuticas y las intervenciones quirúrgicas programadas, con datos desagregados por prioridad clínica o gravedad. También se amplía el número de procedimientos quirúrgicos con seguimiento específico, pasando de 15 a 25. Y en el ámbito de las pruebas, se podrán comparar los tiempos de espera de 15 de ellas, una herramienta que permitirá detectar cuellos de botella con mayor precisión.
Atención Primaria entra por fin en el radar
Uno de los avances más significativos es la incorporación de la Atención Primaria al sistema común de información. Por primera vez, se sabrá cuánto tardan los pacientes en conseguir una cita con su médico de familia, con el pediatra o con enfermería. También se medirá el porcentaje de personas que obtienen cita en los primeros días y cuántas superan la barrera de los diez días hábiles, un dato que refleja la saturación real de los centros de salud.
Además, se prestará atención a situaciones que hasta ahora pasaban desapercibidas, como la demora en la atención domiciliaria o la continuidad con el profesional de referencia. Para que los datos sean más precisos, se distinguirá entre las citas solicitadas por el propio paciente y las programadas por los sanitarios, de manera que se puedan identificar los problemas de acceso de forma más clara.
Más transparencia para el paciente
Los pacientes dejarán de estar a oscuras. Con el nuevo decreto, podrán consultar a través de los canales habilitados por su servicio de salud cuántos días llevan esperando y cuál es la demora estimada para su proceso. Cualquier cambio en su situación, como una modificación de prioridad o una derivación, tendrá que quedar registrado y será visible para el afectado. Si el paciente es enviado a un centro concertado, seguirá en la lista de espera; y si rechaza esa alternativa, conservará la antigüedad desde la fecha inicial, aunque pueda perder la garantía de tiempo máximo.
Para ofrecer una imagen más completa, el sistema incluirá percentiles que muestren cómo se distribuyen los tiempos, en lugar de limitarse a la media. También se publicará cuántos pacientes están en lista pero todavía no tienen cita asignada, un dato que revela la magnitud real del atasco. Y se avanzará hacia el cálculo del tiempo total desde que se indica la primera consulta hasta que se obtiene un diagnóstico, un indicador clave para evaluar la eficiencia del recorrido asistencial.
Publicación trimestral y controles de calidad
La información común sobre listas de espera se difundirá cada tres meses, en lugar de cada seis, y se ofrecerán datos mensuales en formatos abiertos y anonimizados. Estos datos podrán desglosarse por sexo, edad, prioridad clínica y situación respecto a las garantías de tiempo máximo. Para evitar manipulaciones como las detectadas en Madrid o Salamanca, se incorporarán controles que alerten de retrasos en la inscripción, duplicidades, información incompleta o salidas de la lista sin que conste la prestación de la atención.
El Ministerio insiste en que esta propuesta es fruto del trabajo con las comunidades, aunque no todas la ven con buenos ojos. En el Consejo Interterritorial de julio, las regiones del PP frenaron su aprobación, pero el escándalo del Ramón y Cajal ha dado un nuevo impulso a la reforma. La norma pretende convertirse en un escudo contra los trucos contables que han socavado la credibilidad del sistema durante años. La presión social y política es cada vez mayor para que las listas de espera dejen de ser un campo de batalla partidista.
Con esta reforma en marcha, el Ministerio de Sanidad aspira a que todas las autonomías rindan cuentas con los mismos criterios y que los pacientes tengan una herramienta real para vigilar su proceso. La medida, si se aprueba definitivamente, marcará un antes y un después en la forma de entender las demoras sanitarias. Queda por ver si las comunidades reman en la misma dirección, pero lo que está claro es que la ciudadanía ya no se conforma con cifras maquilladas y exige respuestas con datos fiables y contrastados.